La fase de apelaciones del llamado “juicio del siglo” del Vaticano se reanudó el martes después de una serie de contratiempos para los fiscales, que podrían influir de manera decisiva en el resultado del proceso.
El caso se centra en el ex poderoso cardenal Angelo Becciu y otros ocho acusados, quienes en 2023 fueron condenados por diversos delitos de naturaleza financiera tras un largo juicio de dos años.
Recientemente, la Corte de Casación del Vaticano confirmó la decisión de un tribunal inferior de desestimar por completo la apelación presentada por los fiscales, lo que limita las posibilidades de que la acusación revierta las condenas; los acusados solo pueden aspirar a que sus veredictos y penas se reduzcan o anulen.
El mismo día de esa resolución, el fiscal general del Vaticano, Alessandro Diddi, retiró meses de impugnaciones y se apartó del caso de forma abrupta, evitando así la posibilidad de que la Casación ordenara su destitución.
La controversia gira en torno a la participación de Diddi en un conjunto de chats de WhatsApp que han puesto en tela de juicio la imparcialidad y la credibilidad del proceso. Esos mensajes parecen documentar durante años maniobras internas dirigidas a Becciu y plantean dudas sobre la conducta de la gendarmería vaticana, la fiscalía y, en menor medida, del propio papa Francisco.
Varios abogados defensores alegaron que los chats demostraban la parcialidad de Diddi en la gestión de pruebas y testigos, por lo que consideraron que no era competente para seguir al frente del caso.
Diddi rebatió esas acusaciones calificándolas de “infundadas” y las expuso ante los jueces de la Casación, pero finalmente decidió recusarse “para evitar que las insinuaciones y falsedades sobre mí sean explotadas para dañar y perjudicar el proceso de esclarecimiento de la verdad y la administración de justicia”.
Si la Casación hubiera concluido que Diddi era incompatible, el proceso entero podría haber quedado nulo. No obstante, el tribunal de apelación ha sostenido que las actuaciones de Diddi como fiscal fueron válidas, pese a su posterior recusación.
Una propiedad en Londres
El juicio se inició en 2021 y se centró en una inversión vaticana de 350 millones de euros (413 millones de dólares) en una propiedad en Londres. Los fiscales sostienen que intermediarios y algunos monseñores del Vaticano defraudaron a la Santa Sede con comisiones y honorarios millonarios y luego exigieron 15 millones de euros (16,5 millones de dólares) para ceder el control del inmueble.
La investigación derivó en dos líneas principales que involucraron a Becciu. Él fue declarado culpable de malversación y condenado a cinco años y medio de prisión. Otros ocho acusados recibieron condenas por malversación, abuso de poder, fraude y delitos conexos, aunque fueron absueltos de varios cargos más graves.
Todos los procesados alegaron inocencia y apelaron. Los fiscales también recurrieron las sentencias, ya que el tribunal de primera instancia rechazó en gran medida su tesis de una amplia conspiración para defraudar a la Santa Sede y se limitó a condenar por un número reducido de delitos.
Para Diddi, las apelaciones eran la oportunidad de intentar reconstruir su teoría del caso. Al presentar su recurso, adjuntó su solicitud original de condenas, pero la apelación fue desestimada por carecer de la “especificidad” exigida por la normativa procesal.
Ese fallo fue considerado un error procesal embarazoso que la Corte de Casación, en su resolución del 9 de enero, no estuvo dispuesta a subsanar.
Papel del papa
Las apelaciones abiertas ahora se basan en otras defensas, y una de las principales líneas de ataque se centra en el papel del papa Francisco durante la investigación. Los abogados de la defensa sostuvieron que en una estructura donde el pontífice concentra poderes legislativo, ejecutivo y judicial resulta difícil garantizar un juicio imparcial.
El foco se dirige a cuatro decretos ejecutivos secretos firmados por Francisco en 2019 y 2020, en los albores de la pesquisa, que otorgaron a la fiscalía vaticana amplias facultades, incluyendo el uso extensivo de escuchas y la potestad de apartarse de normas preexistentes.
Esos decretos salieron a la luz poco antes del juicio y nunca fueron publicados oficialmente. No especificaban límites temporales ni mecanismos de supervisión judicial independiente para la vigilancia y fueron adoptados expresamente para esta investigación.
Académicos y juristas señalaron que la ocultación y la naturaleza ad hoc de esas normas vulneraron el principio de “igualdad de armas” entre defensa y acusación, esencial para un juicio justo. Incluso algunos funcionarios vaticanos reconocieron en privado que la falta de publicidad de los decretos planteaba serios problemas.
Diddi defendió que los decretos ofrecían garantías no detalladas para los sospechosos, y los jueces de primera instancia rechazaron las peticiones de la defensa que alegaban violaciones al derecho fundamental a un proceso equitativo. En una resolución compleja, los magistrados concluyeron que no se había vulnerado el principio de legalidad porque las normas las había dictado el propio papa.
Según el derecho canónico, el papa solo puede ser juzgado ante Dios; sin embargo, tampoco puede promulgar normas que contravengan la ley divina, lo que plantea un dilema si llegase a determinarse que sus decretos lesionaron derechos fundamentales de los acusados.
El Vaticano ha sostenido de manera constante que todos los procesados recibieron un juicio justo.
(con información de AP)
