La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) determinó que los casos de venta de gasolina en mal estado se originaron por fallas en “dos o tres” plantas de almacenamiento y que no constituyen un problema generalizado en todo el sistema de distribución.
El presidente de YPFB, Yussef Akly, afirmó que “no es un efecto a nivel nacional” y que la incidencia se concentró en unas pocas instalaciones donde el producto se desestabilizó.
Akly precisó que las anomalías se detectaron en plantas situadas en Trinidad, Montero y Oruro, atribuibles a la presencia de goma y manganeso en los tanques de almacenamiento.
Según el ejecutivo, en Bolivia operan 16 plantas bajo YPFB y otras seis de carácter privado.
YPFB abrió una investigación para descartar la intervención deliberada —una “mano negra”— que pudiera haber provocado intencionalmente la contaminación del combustible.
“Vamos a actuar con todo el peso de la ley si identificamos a estos actores que han afectado la operación de algunas plantas”, dijo Akly sobre las posibles sanciones.
Al mismo tiempo, señaló que no se puede atribuir el problema a un único punto específico, por lo que se reforzarán los controles en todas las etapas de la cadena: importación, refinación y transporte en camiones cisterna hasta las estaciones de servicio.
Con base en reportes de prensa y redes sociales, Akly estimó que alrededor de 2.000 vehículos podrían haberse visto afectados por la gasolina desestabilizada, aunque advirtió que resulta difícil establecer con certeza la causa de las fallas denunciadas por conductores.
El problema del combustible motivó protestas de choferes sindicalizados, que se movilizaron en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, Oruro, Beni y Cochabamba, reclamando compensaciones por los daños que, dijeron, sufrieron sus vehículos.
En Santa Cruz, mototaxistas bloquearon la ruta que conecta esa ciudad con Montero y anunciaron que mantendrán un reclamo “indefinido” hasta obtener una respuesta de las autoridades.
El Ejecutivo del presidente Rodrigo Paz reconoció que trabaja con un “sistema heredado” y afirmó que se están implementando correcciones para asegurar que la gasolina comercializada en el país cuente con verificaciones rigurosas.
En diciembre, el Gobierno boliviano eliminó la subvención a los combustibles que estuvo vigente por más de dos décadas: el litro de gasolina especial pasó de 0,53 a 1 dólar y el de gasolina premium subió de 1 a 1,58 dólares.
(Con información de EFE)
