Efectivos de la Policía de Santa Fe permanecen desde el martes concentrados frente a la Jefatura provincial en Rosario para reclamar mejoras salariales y condiciones de trabajo.
El reclamo surge por la política salarial vigente. El gobierno provincial ofreció en los últimos días un plus no remunerativo y un plan de alojamiento para personal con desarraigo, pero quienes se movilizan consideran que las medidas son insuficientes.
Además de lo salarial, los policías denuncian jornadas extensas, falta de descanso y la necesidad de realizar servicios adicionales para completar ingresos. La salud mental del personal se impuso en la discusión tras el fallecimiento del suboficial Oscar Valdez, apodado “Chimi”, quien tenía antecedentes de problemas psicológicos y carpeta médica. Entre las demandas figuran ajustes en horarios, garantizar descansos y mayor atención a la salud mental del personal, aspectos considerados urgentes para el normal desempeño.
Pullaro anunciará nuevas medidas
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, convocó a una conferencia de prensa hoy a las 17.15 en la Sala Walsh de la Sede de Gobierno en Rosario (Santa Fe 1950), donde se esperan anuncios sobre la respuesta oficial al reclamo policial.
Mientras tanto, los efectivos mantienen la concentración frente a la Jefatura en demanda de mejoras salariales y laborales.
La situación de los policías pasados a disponibilidad
Nahir Moreno, representante de quince de los policías pasados a disponibilidad por su participación en las protestas, señaló que hasta ahora son veinte los agentes alcanzados por la medida.
El ministro Cococcioni manifestó que se levantarían las sanciones si los efectivos se reincorporan, pero la abogada advirtió que persisten el sumario administrativo y la causa penal. El sumario limita ascensos dentro de la fuerza y la causa penal la tramita el Ministerio Público de la Acusación; en caso de imputación, los agentes podrían volver a ser pasados a disponibilidad.
Según sus declaraciones, la manifestación continuará hasta que se mejoren las condiciones laborales de los involucrados y del resto del personal policial.
Escala la tensión en Rosario: agredieron al jefe de la policía provincial
El jefe de la Policía provincial, Luis Maldonado, fue abordado por manifestantes durante la protesta: en un momento recibió empujones y fue escupido, según se aprecia en un video que circuló públicamente.
Qué dice el Gobierno nacional
Fuentes consultadas por medios indicaron que el Gobierno nacional se muestra “optimista” sobre la resolución del conflicto y, por ahora, no prevé ampliar los adicionales salariales que perciben las fuerzas. La estructura salarial combina un sueldo básico regulado por la paritaria estatal y conceptos adicionales que se ajustan de forma separada; el último incremento en esos adicionales se otorgó en diciembre y en este momento no hay otro en evaluación.
Informes periodísticos han cubierto la evolución del reclamo y sus efectos en la seguridad local.
El Gobierno de Santa Fe abrió una instancia de diálogo
El Gobierno provincial habilitó una instancia de diálogo tras las protestas en Rosario. En una conferencia, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, afirmó que se convocó a representantes de quienes se manifestaban y aseguró que quienes fueron pasados a disponibilidad “van a salir de esa situación” si se reincorporan al servicio. También sostuvo que la seguridad no estuvo descuidada durante los episodios de tensión. El ministro de Economía, Pablo Olivares, aseguró que el personal armado no percibirá ingresos por debajo de la canasta básica.
Cococcioni dijo que la condición para negociar fue el restablecimiento de niveles mínimos de patrullaje y presencia policial. Informó que la operatividad de la fuerza se mantuvo entre el 80 y 90% en días previos y que desde las 22 del lunes se consolidó en torno al 90%, con un despliegue combinado de móviles y fuerzas federales en Rosario.
El Ejecutivo convocó a delegados a la sede de gobierno para dialogar con los ministros de Seguridad y de Economía. En ese marco, el titular de Seguridad instó públicamente a los agentes notificados por medidas administrativas a presentarse, tomar arma y chaleco y reintegrarse al servicio, lo que según él revertiría la situación de disponibilidad preventiva.
Sobre el reclamo, Cococcioni reconoció que la demanda central se concentró en aspectos salariales: que incluso el agente con menor jerarquía y sin suplementos se aproxime a la canasta básica. Dijo que el planteo era “correcto, aceptable y admisible” y señaló que el gobierno evalúa una política salarial diferenciada para reconocer la labor del personal de seguridad, dado el nivel de exigencia y la carga horaria.
El ministro de Economía agregó que quienes portan arma y cumplen jornadas altas (48 horas o más) no percibirán ingresos por debajo de la canasta básica, cuyo valor publica el INDEC. También enfatizó la preocupación por los agentes de rangos inferiores, cuyos hogares dependen en gran medida del ingreso policial.
El Gobierno sigue de cerca el conflicto
Ante las protestas, el Gobierno nacional amplió la cobertura de las fuerzas federales en Santa Fe para reforzar el patrullaje en varias zonas de Rosario. La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, dijo que se patrulla con fuerzas federales en distintas áreas y que se mantuvo comunicación constante con las autoridades provinciales, además de abrirse un canal de diálogo con los manifestantes.
Monteoliva subrayó que no puede aceptarse una huelga en las fuerzas de seguridad, aunque afirmó entender la legitimidad de los reclamos. La protesta se inició el lunes frente a la Jefatura de Policía, con acuartelamientos y presencia de familiares; tras desalojos parciales, continuó con caravanas de patrulleros que cortaron calles. Las movilizaciones se replicaron en varias ciudades de la provincia.
El ministro provincial informó que al menos veinte agentes fueron separados temporalmente por “atentar contra el servicio de seguridad”. El Ministerio Público de la Acusación abrió una investigación por posible incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Fuentes señalaron que en algunos casos se retiraron armas, credenciales y chalecos a los agentes.
