Ucrania informó este martes que ha repatriado a 2.000 menores a territorio bajo control de Kiev desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. El presidente Volodímir Zelensky divulgó la cifra en sus redes sociales, y al mismo tiempo reconoció que aún hay miles de niños ucranianos en Rusia o en zonas ocupadas.
Zelensky atribuyó estos retornos a “los esfuerzos diarios de nuestra gente, de las organizaciones de la sociedad civil y de los socios internacionales”. Destacó además la iniciativa presidencial Bring Kids Back UA, puesta en marcha en 2023 para coordinar acciones entre agencias gubernamentales, países aliados y organismos internacionales con el objetivo de reunir a los menores con sus familias.
La cifra de retornados contrasta con la magnitud del problema. Las autoridades ucranianas estiman que más de 19.500 menores han sido deportados o trasladados forzosamente desde territorios ocupados por Rusia. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó en 2024 que al menos 200 niños, muchos procedentes de instituciones estatales, fueron trasladados dentro de territorios ocupados o a la Federación Rusa durante el primer año de la guerra.
Los testimonios de repatriados muestran las presiones a las que fueron sometidos: algunos pasaron por programas educativos rusos, otros fueron amenazados con diagnósticos psiquiátricos falsos o sus familias enfrentaron persecución por negarse a tramitar pasaportes rusos. También se registraron casos de acoso por mantener la identidad ucraniana en escuelas bajo control de las fuerzas de ocupación.
El derecho internacional considera estos traslados como posibles crímenes de guerra. En marzo de 2023 la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya emitió órdenes de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, y contra María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, tras concluir que había motivos razonables para considerar su responsabilidad en la deportación y traslado ilegales de niños desde zonas ocupadas de Ucrania.
Investigaciones independientes también han documentado movimientos masivos de menores. El Yale Humanitarian Research Lab consignó en 2023 que al menos 2.442 niños de entre seis y 17 años fueron trasladados a Bielorrusia desde el inicio de la invasión. Otros informes apuntan a envíos de menores a campamentos en lugares tan lejanos como Corea del Norte, donde habrían sido sometidos a programas de reeducación y militarización.
Lvova-Belova ha reconocido públicamente su participación en el traslado de menores ucranianos. En septiembre de 2022 describió un proceso de “integración” por el cual, según dijo, niños inicialmente hostiles hacia Rusia cambiaron su actitud hasta sentir afinidad por el país. La funcionaria también adoptó a un adolescente ucraniano de 15 años originario de Mariúpol.
La devolución de los menores deportados es una prioridad para Ucrania en las negociaciones con Rusia, proceso en el que interviene Estados Unidos como mediador. Sin embargo, las gestiones son complejas: las autoridades rusas alteran con frecuencia nombres y fechas de nacimiento de los niños, lo que dificulta su localización; y en ocasiones, cuando los progenitores localizan a sus hijos, se les intenta convencer de aceptar el traslado con promesas de mejores condiciones de vida.
Desde 2022 las fuerzas rusas han impuesto la ciudadanía rusa y el currículo escolar de la potencia ocupante en las regiones anexionadas, suprimiendo el uso del ucraniano en la educación. Los menores han sido expuestos a formación patriótico-militar y a propaganda, prácticas que vulneran el derecho internacional humanitario, que obliga a la potencia ocupante a respetar la identidad nacional de los niños y a mantener la continuidad de su educación y cultura.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha denunciado que las hostilidades y la ocupación han provocado violaciones masivas de derechos humanos y causado sufrimiento a millones de niños ucranianos. En diciembre de 2024, más de 3,6 millones de personas permanecían desplazadas dentro de Ucrania, entre ellas unos 737.000 niños.
