Desde que Javier Milei asumió la presidencia se registraron el cierre de más de 25.000 empresas, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Esa cifra fue el eje de la jornada realizada este miércoles en el Parque Yrigoyen, bajo la consigna «25.000 Pymes fundidas, digamos basta». Para ponerlo en perspectiva: son alrededor de 930 cierres por mes, 31 por día y más de una empresa por hora, de manera continua durante algo más de dos años.
El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, fue quien presentó el dato y lo comparó con procesos previos: el número de cierres es superior al registrado durante la etapa de cuarentena obligatoria por la pandemia —cuando se cerraron algo más de 14.000 empresas— y también supera la cifra acumulada en el gobierno anterior de Mauricio Macri.
Katopodis dijo que la movilización buscaba frenar la «destrucción del tejido productivo, de la universidad y de todo lo necesario para pensar en una Argentina para todos». Afirmó además que las políticas actuales perjudican a la industria nacional y defendió la necesidad de medidas para protegerla.
El impacto no se limita a empresas: entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 se perdieron más de 205.000 puestos de trabajo privados registrados, un promedio de 254 empleos por día. La provincia de Buenos Aires es la más afectada, con más de 5.300 PyMEs cerradas y más de 73.000 empleos registrados perdidos; le siguen las provincias de Córdoba y Santa Fe. Según datos difundidos durante el acto, actualmente solo una de cada tres PyMEs accede al crédito, lo que muestra las dificultades de financiamiento del sector.
Consultado por La Noticia Web, Juan Ciolli, presidente de la Cámara Económica Sanmartinense, expresó preocupación por la desaparición de 25.000 pymes y subrayó que cada cierre implica trabajadores sin empleo y familias afectadas. Calificó el fenómeno como un proceso de desindustrialización y señaló las dificultades para competir con exportadores que reciben subsidios, como ocurre con China. También mencionó el efecto de aumentos en las tarifas internas y del ingreso masivo de importaciones sobre el precio relativo de los productos nacionales.
Ante ese panorama, los presentes firmaron un documento conjunto que incluye pedidos concretos: declarar la emergencia Pyme en los 2.300 municipios del país, establecer líneas de financiamiento específicas para el sector, implementar programas de regularización impositiva, revisar los costos fijos y aplicar una política comercial que distinga entre importaciones de bienes de capital —necesarios para producir— y la entrada de productos terminados que compiten con la industria local. Katopodis resumió el reclamo en exigir medidas para frenar la avalancha de importaciones y proteger el empleo argentino; además planteó que este eje forma parte de su agenda política de cara al ciclo electoral de 2027 y reclamó mayor contención frente a la destrucción del tejido productivo.
Fernando Moreira se refirió al daño que implica la fuerte caída de la actividad industrial y alertó sobre la reducción del consumo, con niveles que consideró peores que los observados en la pandemia. Señaló que la caída de la industria genera un círculo vicioso: baja de la producción, menor actividad comercial, pérdida de empleo y quiebras de pymes.
La jornada, que había incluido la firma del documento y una fotografía en el puente sobre la General Paz con una bandera alusiva, terminó con un episodio de tensión: según asistentes, la policía de la Ciudad intervino en la movilización, con el uso de gases lacrimógenos; esto provocó humo, corridas y varios heridos, además de malestar entre dirigentes y periodistas. Durante el incidente, dirigentes como Katopodis, Rodolfo Aguiar (ATE) y el jefe de gabinete de San Martín, Andrés Alonso, se interpusieron entre las fuerzas y los manifestantes hasta que la policía retrocedió hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los participantes de la protesta experimentaron de primera mano las consecuencias de manifestarse y señalaron que reclamar tuvo efectos y costos concretos.
