Karen Yael Cufré, de 25 años y residente en la villa Carlos Gardel de El Palomar, partido de Morón, fue detenida junto a otras seis personas por la División Homicidios de la Policía Federal. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado la acusa de integrar una banda dirigida desde prisión que estafó y estuvo vinculada a la muerte de Rodrigo Andrés Gómez, un soldado formoseño que se suicidó el 16 de diciembre pasado en una garita de vigilancia de la Quinta de Olivos, donde cumplía funciones de guardia.
Según la investigación, la organización engañó a las víctimas con una maniobra compleja que consistía en simular una causa por pedofilia atribuida a la Policía Bonaerense. Entre los presos que habrían liderado la banda desde el penal de Magdalena se encontraba, en principio, Mauricio Duarte Areco, novio de Cufré, condenado por robo y con antecedentes por encubrimiento desde que era menor de edad.
En las últimas horas se difundió que Cufré figuraba con un empleo registrado: constaba como trabajadora de la Municipalidad de Morón, según registros previsionales consultados por Infobae.
Esos mismos registros indican que Cufré —insólitamente registrada en el rubro de jardinería en ARCA— comenzó a prestar servicios para el municipio en octubre del año pasado y que sus aportes estaban al día.
El rol de Cufré en la banda
La estructura del penal de Magdalena funcionaría con un doble comando: Duarte Areco compartía el liderazgo con Tomás Francavilla, un condenado por robos. Cada uno operaba con sus propias redes, y sus parejas actuaban como principales operadoras en la zona oeste del conurbano, encargadas de la logística y de cobrar pagos mediante billeteras virtuales.
Los investigadores de la División Homicidios de la PFA sostienen que la banda habría engañado a varias personas; Gómez habría sido una de las víctimas gestionadas por el sector liderado por Francavilla.
De acuerdo con la pesquisa, el soldado entregó 1,4 millones de pesos en poco más de una hora, como pago exigido por un falso policía que luego se identificó como Francavilla.
La Justicia interceptó conversaciones entre Cufré y Duarte Areco tras 55 días de escuchas iniciadas luego del peritaje del teléfono de la víctima. Ocho líneas telefónicas fueron intervenidas. Según el expediente, la empleada municipal habría cumplido funciones de logística y recaudación dentro del esquema delictivo.
Un informe del caso señala que en las comunicaciones hablaban del uso de teléfonos de terceros, la compra de minutos para llamadas ilimitadas y maniobras relacionadas con préstamos. Los audios también registran pedidos para utilizar cuentas financieras, la creación y adquisición de cuentas virtuales “sin reconocimiento facial”, la obtención de chips nuevos y la eliminación de los ya utilizados en estafas anteriores.
La imputación incluye además que Karen habría facilitado datos de personas reales para dar de alta perfiles falsos. Érica Yamila Torres, pareja de otro de los presos allanados, también detenida, habría enviado dinero que la banda le había sustraído previamente.
